Plan de Desarrollo del Gobierno
¿Cómo hacer efectivos los derechos?
POR FAUZI HAMDAN AMAD
Conforme al Artículo 26 Constitucional,
en su inciso A. señala que “El Estado organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán
los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa.
Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se
sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los
órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el
Ejecutivo Federal, coordine mediante convenios con los gobiernos de las
entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a
realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo
considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional
para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. En el
sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión
tendrá la intervención que señale la ley”.1
1 En 2016 se hizo la reforma a este párrafo. En la exposición de motivos
se señaló que el Plan Nacional de Desarrollo no tiene por qué ser quinquenal
sino es Plan a largo plazo y, también, la intervención del Congreso que sería
para su aprobación, dándole 30 días naturales para que se pronuncie sobre el
Plan, sino lo hiciera así se entendería para todos los efectos legales y
constitucionales aprobado. Sin embargo, a la fecha no se ha presentado
iniciativa para modificar la Ley de Planeación.
De acuerdo con la Ley de Planeación, Reglamentaria del Artículo 26
Constitucional, el plazo para la presentación al Congreso del Plan Nacional de
Desarrollo expira el próximo 31 de mayo. Actualmente el Gobierno, a través de
foros y consultas ciudadanas, prácticamente ya ha empezado la formulación del
Plan Nacional de Desarrollo en los temas más importantes para hacer efectivos
los derechos constitucionales (hoy denominados humanos) en
materia de educación, salud, seguridad, materia laboral, vivienda y un largo
etcétera. Sólo me voy a referir a la educación, a la salud, reforma laboral y a
la política fiscal. Resulta un anacronismo hablar hoy en día de geometrías
políticas: izquierda, centro o derecha. Sin embargo, el cómo hacer efectivos
tales derechos implica inexorablemente atender por su causa los problemas que
se presentan.
A) SEGURIDAD
PÚBLICA
El tema de seguridad pública planteado por el Gobierno de atender su
problemática es un cambio de 180 grados respecto de cómo lo “atendió”…
el Gobierno anterior. Por lo tanto, a esa materia no voy hacer alusión alguna
en este comentario. Estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos que ha
realizado el Gobierno incluyendo la reforma constitucional de la Guardia
Nacional, cuyo mando caería tanto en la autoridad civil como en la militar. Su
propósito es la pacificación del país que incluye el desarrollo económico y generación
de empleos, apoyar a los grupos vulnerables y un aspecto esencial que es la
legalización del cannabis y, estoy seguro, que en los próximos
meses también la legalización y/o control de los opiáceos.
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| El presidente López Obrador en una reunión sobre el tema de seguridad pública |
B) SERVICIO DE
SALUD
Asociado con el tema de salud en general nadie pone en duda que los
servicios del sector público de salud son insuficientes, deficientes,
inoportunos y, por lo que concierne a pensiones y jubilaciones traído al
presente constituye un pasivo contingente muy alto que asciende más o menos a
$1 Billón aproximadamente. La causa es que el Estado con su burocracia es el
que presta tales servicios, cuando en la mayoría de los países del mundo lo son
el sector salud privado el que los presta a los derechohabientes. En dichos
países, las instituciones de seguridad social son normativas pagando, conforme
a un tabulador previamente determinado por el propio Estado, los servicios que
el sector salud privado facture. Las ventajas son innegables. El derechohabiente
escoge la clínica o médico de su confianza, la atención es personalizada y
oportuna y prácticamente el sector salud privado prestaría los servicios a la
sociedad, eso se llama nacionalizar la materia de salud (subrogación).
Desde
luego, no significa que en esos países no hay instituciones públicas de salud
emblemáticas, en donde se desarrollan ampliamente investigaciones con el apoyo
gubernamental. En nuestro país, por cierto, de reconocimiento internacional
tenemos instituciones de salud pública de gran prestigio como lo son el
Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de Siquiatría, Instituto
Nacional de Nutrición, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de
Oncología, Instituto Nacional de Neurología, etc.
El Doctor
Santiago Levy, (Ex Director General del IMSS), en su último libro
titulado “Esfuerzos Mal Recompensados”, editado por el BID en
2018, en la parte de conclusiones, en lo que concierne al rediseño profundo
del sistema impositivo, de seguridad social y de protección laboral en México,
propone los siguientes cambios consistentes en cuatro tareas, las cuales me
permito transcribir:
1.-
Desvincular la seguridad social del status asalariado/ no asalariado de los
trabajadores. Riesgos comunes a todo tipo de empleo (enfermedad, muerte,
discapacidad longevidad) deben ser financiados de la misma fuente de ingresos,
y los servicios deben beneficiar a todos los trabajadores con igual alcance y
calidad. Riesgos específicos del empleo asalariado ▬como accidentes laborales
en la empresa o despido por parte de un patrón▬ deben ser financiados por una
fuente de ingresos asociada con los contratos asalariados.
2.-
Reemplazar las indemnizaciones por despido por un seguro de desempleo moderno,
idealmente vinculado con esquemas de capacitación laboral, permitiendo a las
empresas despedir a los trabajadores en respuesta a shocks de demanda negativos
o a cambios tecnológicos que ahorran mano de obra. Es crucial que los
trabajadores desempleados también estén cubiertos por la seguridad social,
rompiendo la asociación entre estabilidad en el empleo y acceso a la seguridad
social, y protegiendo en todo momento a todos los trabajadores contra riesgos.
3.-
Eliminar todas las exenciones, incluyendo tasa “0” 2 al IVA, compensando a
los hogares de bajos ingresos por la pérdida de ingreso real, disminuyendo los
impuestos sobre la nómina (incluyendo los estatales) y reconsiderando el
régimen dual del impuesto corporativo con el objetivo de equilibrar la tasa
tributaria entre empresas de diferentes tamaños.
Por las
declaraciones realizadas por el nuevo Director General del IMSS, en particular
por el Presidente de la República, cuando se presentó el nuevo Plan del Sector
Salud, el modelo en el nuevo sistema de salud propuesto lo tomaron de Canadá,
que es en mi opinión, el mejor modelo de seguridad social porque los
derechohabientes, como sucede en muchos países, tienen la opción de pedir que
se atienda por un médico, clínica u hospital privado altamente personalizado,
expedito, eficiente y eficaz y tratándose de pensiones y jubilaciones, reciben
el último sueldo que tienen actualizado año con año con el Índice
Nacional de Precios al Consumidor, coincidente con lo señalado por el Dr.
Santiago Levy.
Como se
advierte hace un balance crítico de la política social en México y propone una
solución viable y objetiva, pero sobre todo justa integralmente. En
consecuencia, se propone que el sistema universal de salud, sea financiado
preferentemente por el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual se necesita
hacer una reforma a la Ley del IVA, que aparece en el inciso E), de este
comentario.
C) REFORMA EDUCATIVA
Es
innegable que en materia de educación se ha hecho una profunda reforma
educativa. En este tema, en mi opinión, todavía falta atender el problema de
fondo y proponer de una vez por todas propuestas que reviertan por su última
causa la educación en general.
La educación en general se divide en dos grandes
sectores: la educación que imparte el Estado y la educación que imparten las
instituciones privadas; la primera representa el 65% y la segunda el 35%. El
cambio sustancial sería el siguiente:
a) El que debe recibir los
beneficios de la educación es el educando, a través de un sistema de becas que
se otorgarían en función de la condición socio-económica del educando;
b) El Estado, de manera progresiva, dejaría de prestar el servicio
educativo con una burocracia gigante (más de un millón y medio de
maestros), que por su propia magnitud hace ineficiente y deficiente el
servicio educativo;
c) El grueso de las instituciones educativas, hoy
llamadas públicas, se convertirían en instituciones educativas de interés
público organizadas como asociaciones civiles colectivas;
d) Desde
luego, como sucede en casi todos los países del mundo, se mantendrían
universidades públicas emblemáticas;
e) En esas condiciones sería el
Estado básicamente normativo y otorgaría las becas a los educandos que sería de
100%, en otros 80%, 70% y así sucesivamente, según su condición
socio-económica; y
f) Las escuelas primarias y secundarias serían de 8
horas diarias, que incluirían desayunos y comidas para los alumnos.
El presidente López Obrador acompañado del Secretario de Educación, Esteban Moctezuma y del Lic. Julio Scherer Ibarra.
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Cierto que
ahora con la reforma educativa tengo entendido que más de 30 mil
establecimientos tienen su horario de tiempo completo, incluidos desde luego
dichos alimentos. Con tales cambios de paradigma naturalmente que los maestros
y alumnos se verían obligados a la excelencia académica, que desde luego no
implica perfección, pero si una actitud de mejora sustancial en el desempeño de
los propios maestros y también de los alumnos.
La
gratuidad del servicio educativo conlleva en su propio esquema la abulia, la
ociosidad y el relajamiento del propósito que anima en su esencia a cualquier
sistema educativo que es precisamente la calidad.
Un enfoque
y un cambio como el propuesto implican el rompimiento de sistemas
organizativos y funcionales anquilosados, perniciosos y perversos, sobre todo
injustos. En automático las instituciones de educación privada por la
competencia que generaría el nuevo esquema, de entrada se verían obligadas a
reducir significativamente las cuotas que cobran a sus alumnos. Actualmente
dichas cuotas son muy altas que no se justifica en relación con el
costo-beneficio que para el alumno representa.
Dirección
Finalmente,
un enfoque como el propuesto es ver a la educación como el pilar y la columna
vertebral del desarrollo de un país.
D) REFORMA LABORAL
Ciertamente
es muy positivo que el salario mínimo se haya liberado del fardo y ancla con
que estuvo siempre sujeto contra la inflación y como unidad de medida para
operaciones financieras, multas, sistema de pensiones, entre otros casos.
Actualmente, el salario mínimo ya está sujeto en todo caso a un mecanismo de
mercado que logre lo que los economistas denominan “precio óptimo”.
Lo desastroso pretender aumentarlo por decreto con criterios políticos.
El salario,
como los demás precios, debería ser fijado por la oferta y la demanda, pero
como la demanda de trabajo es muchísimo mayor que la oferta el mercado juega en
contra de los trabajadores. Prueba está que los sueldos de los que se
encuentran en la alta esfera de los llamados ejecutivos son muchísimo más altos
que los salarios del resto de los trabajadores, incluso de los trabajadores
calificados, especialistas y hasta los profesionales. La solución a tal
situación, como la tiene Alemania y otros países europeos es que en cada
aumento de salarios dentro de las empresas la mitad se distribuya entre todos los
trabajadores de la empresa por partes iguales (pari passu), en
tanto que la otra mitad en proporción a su salario.
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| Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde |
De esta
manera la diferencia de los sueldos que se encuentran en la posición jerárquica
superior en relación con los que se encuentran en la base de la organización de
las empresas se iría reduciendo gradualmente y, por ende, sus sueldos irían
creciendo. Para lograr lo anterior, se tendría que hacer una reforma a la Ley
Federal del Trabajo, muy simple y sencilla. Estoy convencido que sobre esta
base no hay nadie que en su sano juicio pudiera oponerse. Todos ganarían. Los
salarios con ese mecanismo aumentarían pues si las empresas aumentan los
sueldos de todos sus trabajadores aun cuando sólo sea sobre el Índice
Nacional de Precios al Consumidor, quiere decir que la empresa lo hace
en función de la productividad.
No
obstante, ello es imperativo fijar como lo exige la Constitución,
un salario mínimo digno, entendido por tal el que satisface sus necesidades
vitales incluyendo el de recreación y cultura, excluyendo aquellos servicios de
contenido social que el Estado otorga como son la educación, la salud y
vivienda, que desde luego no pueden considerarse en la fijación del salario
mínimo, éste debe fijarse con criterio de ponderación productiva diferenciado
por sector (primario, secundario y terciario).
E) REFORMA FISCAL
Por último,
ante la situación económica interna que está viviendo el país con un
crecimiento magro, deuda pública que ya rebasa más del 50% del PIB, aumento de
la pobreza y un descontento generalizado de la población en cuanto a la materia
económica se refiere, el Grupo Parlamentario del PAN y quizás
también el PRD, PRI, PVEM, MC, y es muy posible por la bondad de
la reforma también se adhiera MORENA, presentarán en la Cámara de
Diputados el próximo febrero –que inicia el segundo período ordinario de
sesiones del Congreso de la Unión– dos iniciativas importantes en materia
fiscal:
1.-
Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos IX,
primer párrafo; 78, fracción I, Cuarto párrafo y fracción II, tercer párrafo;
135, primer párrafo; 140, primero y segundo párrafo; 152 en su tarifa; 154,
fracción III; y se adiciona un capítulo IX, al título II, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta; y
2.-
Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Respecto
de la primera ley se propone reducir la tasa del Impuesto sobre la Renta para
hacerla competitiva, ya que en la actualidad es del 30%, proponiéndose una tasa
del 25%.
Estados
Unidos llevó a cabo una reforma fiscal por demás transcendental, cuya reforma
la hizo el famoso economista Arthur Laffer, disminuyendo la tasa impositiva
para las empresas y personas físicas del 35%, tasa mayor de una tasa regresiva
al 21%.
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| Arthur Laffer |
Por lo que
se refiere a personas físicas por sueldos y honorarios se propone disminuir las
tasas aplicables en la tarifa correspondiente, ya que la tasa máxima actual
que paga una persona es del 35%, en mi opinión, altamente onerosa y
exorbitante.
Por ello,
se propone que la tasa máxima sea del 25%, la cual sería acorde a la tasa
corporativa de las empresas logrando que las personas tengan una mayor liquidez
y ahorro. Desde luego también se propone disminuir los rangos de la tarifa para
que sea más simple su aplicación, sobre todo más plana la tasa en rangos de
ingresos.
Finalmente
se propone disminuir la tasa de retención sobre intereses que no provengan del
sistema financiero, al 15%, lo cual es acorde a la modificación a la tarifa
aplicable a las personas físicas.
Por otro
lado, se introduce un régimen optativo para las micros, pequeñas y medianas
empresas a tasas sencillas y bajas. Dichas empresas serían administradas por
las entidades federativas (Federalismo Fiscal) con efectos
neutrales en participaciones.
Respecto de
la propuesta de reformar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, se propone disminuir la tasa general de 16% a 10%; eliminar la tasa “cero”
en alimentos y medicinas, –las grandes empresas se les devuelve
anualmente el equivalente a $300 mil millones de Pesos–.
Establecer
una tasa de 3% para alimentos y medicinas, con una lista de alimentos naturales
exenta. Fijar una tasa hasta 5% de impuesto al consumo para las entidades
federativas.
Esta
propuesta de reforma fiscal beneficia a todos: a) Al Gobierno porque podría
destinar más recursos a gasto social e infraestructura; b) Con el federalismo
fiscal las entidades federativas lograrían su independencia económica y, por
ende, política; c) Los contribuyentes tendrían ahorros, podrían invertir en
bienes duraderos y/o gastar en bienes de consumo que vendría a reactivar la
economía interna de manera importante, estimando que si entrara en vigor dicha
reforma fiscal el próximo año, los ingresos fiscales de la federación y de los
Estados en el 2021, representarían aproximadamente el 25% del PIB y,
por último, estimo que para ese año, el país estaría creciendo al 3.5% del PIB,
aproximadamente.
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PRENSA CULTURAL
Director
Mtro. Jesús Pérez Loza
Redacción
José de Jesús Morales
Felipe Hernández Sandoval
Innovación y Logística
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Guadalajara, Jalisco,
México, sábado 26 de enero de 2019.
