COMENTARIO
A TIEMPO
PERIODISMO: ENTRE BALAZOS
Y AMENAZAS
Por Teodoro Rentería Arróyave *
CIUDAD DE MÉXICO, jueves 25 de enero de 2018.- El distinguido y
reconocido jurisperito, licenciado Ignacio Morales Lechuga, desde siempre ha
sido un comprometido defensor y luchador de las libertades de prensa y
expresión y por ende solidario con los periodistas en cuanto a garantizar el
ejercicio de su profesión y preservar su integridad física.
Este miércoles, los medios en los que colabora, le publicaron su
artículo cuyo título lo dice todo, mismo que hemos reproducido en esta entrega.
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| Ignacio Morales Lechuga |
El gran amigo, entre otros cargos, ha sido procurador General de la
República, embajador, rector de la Escuela Libre de Derecho y respetado notario
público.
Esta es su valiosa aportación en la defensa de los periodistas de México
y el mundo, misma que reproducimos integra con su amable anuencia:
“El periodismo en nuestro país se ha vuelto una profesión acosada por
las amenazas, atentados y homicidios contra el periodismo, sus familias y las
editoriales. El saldo negativo en este sexenio asciende a 40 periodistas
asesinados. La razón es simple, la libertad incomoda a políticos,
narcopolíticos y capos de la droga que dominan el poder público en varias
regiones.
Hay pruebas de esta realidad en Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas,
Veracruz, Guerrero, entre otras.
Vamos a contraflujo de la realidad. En esta misma casa editorial –El
Universal-, columnistas han sido amenazados y periodistas asesinados. El índice
de impunidad es tan elevado como el resto de los crímenes.
El permanente modificó los artículos 6 y 7 de la Constitución en 2013,
para fortalecer, cuando menos en la letra, la libertad de expresión, la de ser
informado y la difusión de las ideas y opiniones acordes a esta libertad.
Es un derecho humano reconocido en la "Declaración Universal de
Derechos Humanos", que en su artículo 19 protege la libertad de opinión,
de expresión y difusión, sin limitación de fronteras.
Este derecho fundamental se repite en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en la ‘Declaración Americana sobre Derechos Humanos’.
Sin embargo, la realidad en nuestro país parece ser otra; en el mes de
diciembre de 2017 se publicó la reforma al Artículo 1916 del Código Civil
Federal para considerar como ilícito el hecho de que alguien ‘comunique, a
través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, la imputación que se hace
a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, que pueda causarle
deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien’.
Esta reforma es peligrosa y amenazante de la libertad, ya que la
difusión de la verdad provoca sanciones al informador.
Si
bien expertos han dicho que es una reforma inofensiva, no es tema menor en un
país en que el derecho de los periodistas a ejercer su labor se ve
continuamente coartado.
Un
reporte de la organización Reporteros sin Fronteras, ubica a México a la par de
Siria en el número de periodistas asesinados en 2017. La presión que ejercen
cárteles de la droga y políticos provoca una peligrosa animadversión.
Los precandidatos han expresado reacciones adversas contra los
periodistas. Ello contribuye a fomentar un clima de intolerancia contra la
libertad de expresión.
Los periodistas que realizaron las investigaciones de Watergate que
provocaron la renuncia de Richard Nixon, presidente de EU, hubieran sido
encarcelados o demandados por aventurarse a informar que el presidente se
encontraba inmerso en una trama de espionaje y corrupción, si ese caso hubiese
ocurrido en México.
Julián Assange fue detenido por crear un
sitio en el que divulgó información que cuestionaba distintas versiones
oficiales de actos sucedidos en Irak durante la invasión estadounidense. Con
toda proporción guardada ¿llegará el momento en que el Estado mexicano detenga
a un periodista que divulgue información, sea falsa o verdadera, alegando
motivos de Seguridad Nacional?
El caso Miroslava Breach es ejemplo de lo anterior en nuestra realidad,
pues descubrió la colusión entre una organización delictiva y políticos del PAN
y del PRI, lo cual le valió la muerte.
Nuestro país ha avanzado al eliminar del Código Penal los delitos contra
el honor, la calumnia, la difamación y las injurias, sin embargo, nueve
entidades federativas: Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Campeche, Colima,
Guanajuato, Nayarit, Puebla, Sonora y Yucatán, aún los conservan en su
legislación penal. No se debe gobernar con el Código Penal sino con la
Constitución. La doctrina en materia de derechos humanos considera las
libertades de información y de expresión como piedras angulares de una sociedad
democrática y como una condición esencial para una adecuada información.
Las cuestiones públicas y políticas son del interés de todos los
ciudadanos, a quienes la Constitución nos reconoce por igual el derecho a
cuestionar y emitir críticas sin censura ni limitaciones, pues ello abona a la
evaluación y correcto funcionamiento de una sociedad democrática. No se
alientan estos derechos a base de amenazas y balazos. Requerimos construir un
país democrático, con libertades y eso sólo se logra con la verdad, no con
simulaciones”.
Respetados colegas y radioescuchas, les invitamos con el respeto debido,
a abrevar en todo lo que vale la aportación del maestro Ignacio Morales
Lechuga.
*Periodista y escritor;
Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE;
Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo
Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la
Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.mx,
teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org
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25 de enero de 2018.
